El sistema Republicano de Gobierno, exige la transparencia en todos los actos que a diario ejecutan los Poderes del Estado. Descartando su transparencia por obviedad, al menos en la faz formal, todos sus actos deben ser conocidos y publicados en el Boletín Oficial. En algunos casos, bajo condición de validez administrativa.
En nuestra provincia, ello se cumple a "paso de langosta" sin que exista sobre tan elemental herramienta institucional control alguno. El ciudadano que no puede adquirir su edición impresa debe necesariamente recurrir al conocimiento de su contenido a la página web oficial. Allí, la primer sorpresa, no permite su ingreso a los archivos digitalizados de ediciones anteriores, solo habilitando al boletín del día.
¿Porque de esta conducta? ¿Procura acaso el Estado ocultar sus acciones? Todos los Boletines Oficiales del País son de libre acceso, con archivos incluidos. La excepción la encontramos en nuestra provincia.
Es que, la irregularidad en su funcionamiento son más que evidentes, y si Director lo sabe y silencia: Los Actos Administrativos que dictan nuestras autoridades Decretos - Resoluciones Ministeriales, etc. no siguen la correlación debida, siendo aun mas grave, la no publicación deliberada de múltiples Resoluciones Ministeriales. En especial, aquellas que tienen por objeto otorgar subsidios y aportes económicos no reintegrables a gremios, mutuales, sindicatos, colegios, asociaciones civiles, etc.etc.etc. Algunas claramente inexistentes y bajo las más disparatadas excusas.
Ni hablar de los Contratos Servicios laborales que el gobierno esconde. Al igual del dinero mal gastado en alquiler de maquinarias viales - camiones - camionetas y automóviles, por valores mensuales de arriendo exorbitantes que al cabo de pocos meses (seis en realidad ) amortizan el costo de la unidad.
Ninguna autoridad, política o judicial se preocupa en averiguar esta anormalidad. Ya nos paso con Julio Fernando Alegre en la Municipalidad. Tal vez sean ellos mismos quienes no quieran evidenciarse socialmente en tan lucrativo negocio, alquilando vehículos a la provincia en muchos casos robados, "mellizos ", "trillizos" y hasta "cuatrillizos". Ejemplos sobran, Jueces de otras provincias remiten en modo permanente exhortos a sus pares locales requiriéndole el secuestro de vehículos "robados" en sus jurisdicciones y afectados bajo contratos locativos al servicio del gobierno de la provincia. Sus responsables, siempre ¿hombres de buena fe? Casualmente emparentados con los altos funcionarios del gobierno, noveles empresarios de la construcción.
Allí radican las verdaderas razones de ocultar los actos de gobierno.
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